La llegada de Castillo al gobierno no solo marcó la derrota del fujimorismo y el conjunto de la derecha. También representó la posibilidad de encauzar cambios para la transformación del sistema.

Lamentablemente, a un año de gobierno se confirma que la apuesta de Castillo por sobrevivir, su incapacidad para apuntalar reformas de fondo (la renegociación de los contratos del gas de Camisea y la segunda reforma agraria no han pasado de ser un slogan) y su terca cercanía a políticos oportunistas y personajes involucrados en casos de corrupción (B. Pacheco, J. Silva, etc.), lo coloca muy lejos de lo que debiera ser un «gobierno de cambio».

¿Por qué, entonces, no sumarnos a las voces que exigen la renuncia de Castillo? o, mejor aún, ¿por qué no respaldar la propuesta de "adelanto de elecciones presidenciales y congresales, que levantan Sagasti, el Partido Morado y grupos aparentemente bienintencionados como "La Propuesta"? Total, ¿no éramos nosotros los que decíamos "Que se vayan todos"?

No lo hacemos, básicamente, por dos razones.

La primera, porque para mejorar la situación de las mayorías populares y de los sectores largamente postergados del país, incluidas las mujeres y la población LGBTIQ, necesitamos cambios de fondo, no parches. La pandemia de la Covid-19 develó la profunda desigualdad social del país, una desigualdad de bases estructurales y que se expresa en la falta de acceso a derechos como la educación y salud de calidad, vivienda adecuada y servicios básicos, trabajo digno, pensiones, etc.

Sin embargo, el tejido de organizaciones sociales -que han de ser las fuerzas motoras de las transformaciones requeridas- no ha mejorado, las izquierdas políticas no hemos podido construirnos como referente, y las reglas de juego siguen siendo las mismas. En ese contexto, la convocatoria a nuevas elecciones generales, con las mismas reglas de juego y los mismos actores, no representa ninguna posibilidad de encauzar dichos cambios. Incluso, aún con un nuevo gobierno y un nuevo congreso, los problemas de representación, gobernabilidad y legitimidad seguirán siendo una constante, en tanto muestran el agotamiento del actual régimen de democracia representativa.

La segunda razón es porque, con todo lo negativo que tiene el actual gobierno, no estamos ante una radicalización de la agenda neoliberal, como sí lo estuvimos con el segundo gobierno de A. García, ni ante un gobierno con capacidad de neutralizar o distraer las exigencias de cambio, como lo fueron los gobiernos de M. Vizcarra y F. Sagasti (que se pusieron a la cabeza de la «lucha contra la corrupción» para no sentar las bases de ninguna transición real).

Por el contrario, el origen popular del gobierno de Castillo, su prédica reformista y su actual debilidad, lo hacen permeable a las demandas populares.

Clara muestra de esta permeabilidad, son los Decretos Supremos Nº 001-2022-TR y Nº 014-2022-TR, mediante los cuales el gobierno ha realizado importantes cambios en la normativa sobre tercerización y sobre relaciones colectivas de trabajo; respondiendo a parte de la agenda levantada por el movimiento sindical. Cambios que vienen siendo duramente atacados por los gremios empresariales y los medios privados de comunicación. Cabe preguntarnos, ¿Qué piensan Sagasti, el Partido Morado y grupos como "La Propuesta" acerca de estas medidas progresivas a favor de la clase trabajadora?

En ese contexto, las fuerzas continuistas de la sociedad no solo están representadas en los planes de vacancia o de renuncia forzada, de la extrema derecha. También se expresan en la propuesta de referéndum para adelanto de elecciones generales, que plantean quienes hoy oportunistamente agitan el "Que se vayan todos", consigna que rechazaron cuando se llevaban a cabo las movilizaciones por el cierre del Congreso y contra el continuismo de la era Vizcarra-Sagasti.