El 17 de diciembre de 1996, una unidad especial del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dirigida por Néstor Cerpa Cartolini – quien fue secretario general del sindicato de Cromotex durante la gesta de 1979 – ocupó la residencia del embajador japonés en Lima y tomó prisioneras a casi 800 personas, entre políticos, empresarios y diplomáticos acreditados en el Perú.  

Un comunicado del MRTA, publicado el mismo 17 de diciembre, daba cuenta del motivo de la acción, así como de las demandas de la organización:

“Manifestamos que desde la ocupación militar de la residencia del embajador del Japón en el Perú se ha tomado todas las medidas del caso para respetar la integridad física y moral de las personalidades allí capturadas. Está ocupación militar la hemos realizado en protesta por la injerencia del Gobierno Japonés en la vida política de nuestra patria avalando en todo momento los métodos de violación a los DDHH que aplica el Gobierno del Sr. Fujimori, así como su política económica que sólo ha traído consigo mayor miseria y hambre a la mayoría del pueblo peruano.

De igual manera le decimos a nuestro pueblo que nos hemos visto precisados a tomar esta medida extrema en aras de preservar la vida de decenas de militantes y dirigentes de nuestra organización que sufren prisión en medio de condiciones infrahumanas y una política carcelaria que busca su aniquilamiento físico y mental, encerrados en verdaderas "cárceles tumbas" conforme reiteradamente lo afirma el Sr. Alberto Fujimori con estas palabras: "allí se pudrirán y sólo saldrán muertos", mostrando un ensañamiento irracional contra luchadores sociales que nos hemos levantado en armas para luchar por el bienestar de nuestro pueblo.

En ese sentido señalamos con el mismo énfasis con que decimos que estamos respetando la integridad física de las personalidades capturadas, que solamente los liberaremos en la medida que el Gobierno cumpla con las siguientes exigencias:

- Compromiso de cambiar de rumbo la política económica por un modelo que busque el bienestar de las grandes mayorías.

- La liberación de todos los presos pertenecientes al MRTA y acusados de pertenecer a nuestra organización.

- Traslado del comando que incursionó en la residencia del embajador japonés junto con todos los c. Presos del MRTA hacia la selva central. Como garantes, también irían parte de las personalidades capturadas, debidamente seleccionadas y estando en nuestra zona guerrillera cumpliremos con liberarlos.

- Pago de un impuesto de guerra.

El MRTA siempre fue una organización dispuesta a propuestas de diálogo, pero sólo encontró el rechazo y la burla del gobierno, hoy estamos confrontados y debe quedar claro que cualquier salida militar que ponga en riesgo la vida de las personalidades capturadas será de absoluta responsabilidad del gobierno, así como de cualquier otra actitud que tengamos que tomar si el gobierno no accede a nuestras peticiones.”

No está de más recordar que, para entonces, la situación de los cientos de presos tupacamaristas era sencillamente infrahumana: condenados en su mayoría por “jueces sin rostro”, estaban sometidos a condiciones de aislamiento, confinamiento y mala alimentación, sin debido acceso al patio, a la lectura, a las visitas ni al trabajo en prisión. Inclusive, tres dirigentes nacionales estaban recluidos en las llamadas “cárceles tumba” de la Base Naval del Callao, bajo un régimen que – denunciaban – violaba los tratados internaciones de derechos humanos y tenía como objetivo el paulatino aniquilamiento de los presos.

Con el paso de los días, la mayoría de prisioneros fueron puestos en libertad, quedando 72 de ellos, entre funcionarios de los tres poderes del Estado, altos mandos militares y policiales, diplomáticos y políticos vinculados al régimen fujimorista.

El 22 de abril del año siguiente, tras casi 4 meses de conversaciones infructuosas (a lo largo de las cuales el gobierno preparaba ya una salida militar), se ejecutó la operación «Chavín de Huántar». Esta operación contó con la participación de 140 comandos y consistió en el asalto de la residencia, la liberación de los rehenes y la ejecución de los rebeldes.

La operación culminó con 71 personas liberadas y 17 personas fallecidas, incluyendo los 14 tupacamaristas: el propio Néstor Cerpa, Roli Rojas Fernández, Víctor Cáceres Taboada, Luz Dina Villoslada Rodríguez, Eduardo Cruz Sánchez, Iván Meza Espíritu, Alejando Huamani Contreras, Adolfo Trigoso Torres, Antonio Shingari, Víctor Salomón Peceros Pedraza, Herma Luz Meléndez Cueva y Bosco Honorato Salas Huamán.

Tenía apenas 8 años y recuerdo que vi por televisión a Fujimori subir las escaleras de la residencia japonesa y pasar revista al “éxito” de la operación, por sobre los cuerpos mutilados de los tupacamaristas. Sus restos fueron mostrados como “trofeos de guerra” de un régimen corrupto y dictatorial que necesitaba de victorias para legitimarse ante los ojos del país y del mundo. Tenía 8 años y no entendía muy bien lo que pasaba, pero las imágenes me impactaron tanto que mi mamá, llorando al igual que yo, me retiró para que no pueda seguir viendo el televisor. No entendía por qué tal culto a la muerte, al sufrimiento ajeno, por parte de quienes, como Fujimori, se ufanaban de defender la libertad.

Concluida la operación “Chavín de Huántar”, los cuerpos de los rebeldes muertos fueron llevados a la morgue del Hospital de Policía, donde se les practicó la autopsia sin intervención del Ministerio Público. Los resultados se mantuvieron en secreto y no se permitió la presencia de los familiares para identificar los cuerpos, que finalmente fueron enterrados en secreto en diferentes cementerios de Lima, como NN y sin que sus seres queridos pudieran velarlos.

Luego se supo que al menos tres miembros del MRTA habían sido capturados con vida y ejecutados cuando estaban bajo custodia de las fuerzas policiales. Con ello se demostraba que la operación tuvo por objetivo no solo liberar a los capturados sino también eliminar a todos los insurgentes. El éxito no se medía con la libertad, sino con la muerte.

El caso de uno de los tupacamaristas muertos durante la retoma de la residencia, Eduardo Cruz Sánchez, motivó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hallando al Estado peruano responsable por la violación del derecho a la vida y disponiendo que se investigue y sancione penalmente a los responsables de su ejecución extrajudicial .

Al caso de Eduardo Cruz Sánchez y sus compañeros se suman muchos otros, que dan cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos de los militantes tupacamaristas detenidos o heridos en combate. Dos de estos casos, el de Rafael Salgado Castilla, fallecido el 17 de abril de 1993 a causa de las torturas que le aplicaron tras su detención, y el del Distrito de Molinos (Jauja), donde decenas de miembros del MRTA desaparecieron tras un enfrentamiento con el Ejército, siguen a la espera de justicia, batallando contra la impunidad y la “memoria selectiva” que quiere negar la condición de víctimas a quienes tomaron parte activa del conflicto armado interno.

Manuel Azaña, presidente de la II República española durante la guerra civil, escribió en 1937:

"(...). En mucho tiempo no se medirá la vastedad del estrago, la profundidad de la desventura. No habrá nadie que se lo diga y se lo demuestre a las generaciones actuales. Los gananciosos borrarán cuanto pueda ensombrecer su triunfo. Los perdidosos, lo mirarán desde su desposesión política y económica. Se tejerá una historia oficial, para los vencedores, y acaso una antihistoria, no menos oficial, para los proscritos. (...)."

En el caso de los tupacamaristas muertos en abril de 1997, no ha sido distinto. Allí donde militantes de la izquierda guevarista se embarcaron en un proyecto armado para hacer realidad sus ideales revolucionarios, se ha tejido una antihistoria, según la cual, se trataba de un grupo de “terroristas”, carentes por completo de derechos. Fujimori y Montesinos dejaron el gobierno hace más de 19 años, sin embargo, hasta ahora se intentan silenciar y estigmatizar las voces que dicen lo contrario. El calificativo de “terroristas”, pese a que la línea de sus acciones descartó el uso del terror como método de guerra, se sigue utilizando para tratar de impedir que se reclame justicia y de reparación por violaciones a los derechos humanos.

Hace unos años, un 22 de abril, escribí en Facebook: "14 cóndores surcaron el cielo e intentaron tomarlo por asalto". Un compañero, con justa razón, me preguntó si acaso esos cóndores no tenían nombre ni apellidos. Pues sí los tienen, y han quedado grabados en la historia, no en la oficial, pero en la historia, al fin y al cabo.