En el movimiento LGTBIQ existe una condena común de lo ocurrido en Tarapoto el 31 de mayo de 1989. La versión que se ha instalado es que ese día, el MRTA asesinó a ocho travestis y gays acusados por los emerretistas de ser “lacras sociales utilizadas para corromper a la juventud”. 

A partir de entonces, se ha dicho que el MRTA tuvo como política asesinar personas homosexuales y trans, como mecanismo de “limpieza social”.

Sin embargo, en los últimos años viene abriéndose una discusión, aun marginal, sobre el grado de responsabilidad del MRTA, como colectividad política alzada en armas para “hacer realidad la justicia, la paz, el desarrollo y el bienestar en un nuevo Perú”. Se trata, sin duda, de un tema doloroso, pues con él se retrata el odio y la violencia hacia las disidencias sexuales y de género en nuestro país. 

Siendo parte del movimiento LGBTIQ, soy uno de quienes señala no existió por parte del MRTA una política de violencia generalizada o sistemática hacia las LGBTIQ. Con ello no me refiero únicamente a la falta de documentos oficiales o de discursos explícitos de dicha organización contra la comunidad (muchas veces los documentos y discursos dicen una cosa, pero los hechos demuestran lo contrario).

De los 3 casos que involucran la ejecución de gays y personas trans por parte de miembros del MRTA en la Selva, ninguno vincula decisiones o siquiera conocimiento de los hechos por parte de la dirección central de dicho partido -cuyos miembros estaban casi todos en prisión cuando ocurrieron los hechos-. Los testimonios dan cuenta de decisiones de mandos locales que fueron luego apartados de la organización, algunos de los cuales terminaron acogiéndose a la llamada "Ley de Arrepentimiento".  

Además, cuando nos adentramos en el caso, indagamos sobre lo sucedido y repasamos algunos testimonios, encontramos que muchos coinciden en que, entre las 8 personas ejecutadas en Tarapoto el 31 de mayo de 1989, no habían personas homosexuales ni trans, y que el móvil para su ejecución fue más bien la supuesta vinculación de las víctimas con delitos comunes y su supuesta colaboración con el Ejército en la zona. Se trata, en cualquier caso, de víctimas y de ejecuciones que no pueden justificarse alegando la guerra interna que vivía nuestro país.

Ciertamente, el “matamos menos” del fujimorismo ha buscado minimizar los múltiples crímenes cometidos por las fuerzas estatales durante el conflicto interno pese a que, en casos como “La Cantuta” o “Barrios Altos” sí existió una cadena de mano que iba desde los mismos Fujimori y Montesinos hasta los ejecutores. El fujimorismo ha recurrido a las cifras como “argumento”, pese a que no se trata de casos aislados, sino de una política sistemática de violación de DD.HH. desde el Estado. Cuando desde el senderismo se ha hablado de la matanza de Lucanamarca o de Tarata, se les ha presentado como “excesos” o “errores”, como si fuesen daños colaterales que debiésemos aceptar con resignación. Para nosotras y nosotros, esos “argumentos” son inaceptables.  

Sin embargo, no relativizar los hechos tampoco debe llevarnos a dejar de lado la verdad. De ser así, daría igual hablar, no de 8 víctimas, sino de 20; no de 3 casos, sino de 10; poco importaría quienes tomaron las decisiones y quienes las ejecutaron, poco importaría cómo realmente ocurrieron las cosas y el móvil de las mismas . Un razonamiento de este tipo, aun cuando pueda nacer motivado por deseos de justicia, terminaría abonando, no a la justicia y reparación de las víctimas, sino a la estrategia estatal de interminable persecución y negación de derechos de los presos y ex-presos políticos de nuestro país.