En una reciente entrevista al diario “Correo”, el congresista Rogelio Tucto, del Frente Amplio, declaró estar a favor de “una amnistía para todos los actores del conflicto”, incluyendo a Abimael Guzmán y los altos mandos del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, en la medida que esta ayudaría a resolver los “problemas de la guerra interna” y “conllevar a una verdadera reconciliación”.  

Rápidamente, los demás miembros de su bancada, así como de la bancada de Nuevo Perú salieron a deslindar con dicha propuesta, por considerar que la liberación de Guzmán es contraria a la “lucha contra el terrorismo” y no contribuye a ninguna reconciliación.

Sin embargo, el congresista Tucto menciona otros puntos que merecen ser abordados y que sus detractores pasan por alto: el conflicto armado interno que azotó nuestro país durante más de 20 años ha dejado muchas heridas abiertas y aún sangrantes, heridas por los miles de muertos, desaparecidos, torturados, detenidos y desplazados, heridas que sangran de dolor, de odio y de miedo. De allí que sea necesario hablar de reconciliación.

Contrariamente a lo que plantean los partidarios de la “amnistía general”, la reconciliación de un país tras la guerra interna no se alcanza olvidando las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad ni amnistiando o indultando a sus responsables. La reconciliación nacional no se alcanza sin justicia y la justicia no se logra con impunidad.

Sin embargo, si hablamos de una verdadera reconciliación, esta solo sería posible con la inclusión de todos los que han participado en el conflicto interno: miembros Fuerzas Armadas, los que se levantaron en armas, la sociedad civil y el pueblo en su conjunto. Para transitar hacia una verdadera reconciliación, necesitaríamos que todos los actores del conflicto (incluyendo a quienes se alzaron en armas) emprendan un diálogo amplio, que los incluya a ellos y a las víctimas, a todas, incluyendo también a los familiares de los detenidos, muertos y desaparecidos por pertenecer al PCP-SL y al MRTA.

A diferencia del “acuerdo de paz” propuesto por Guzmán, un verdadero diálogo por la reconciliación no implica que quienes ayer estuvieron en guerra, hoy negocien y pacten de espaldas a las víctimas que reclaman justicia, mientras se dejan intactas las causas que generaron el conflicto.

Un diálogo en el que existan condiciones reales para la construcción de la paz y la reconciliación, requiere que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra interna (diferenciándolas de aquellos hechos que guardan relación directa con el propio desarrollo del conflicto armado), que todas las partes muestren un sincero arrepentimiento por los daños infringidos a la población civil y se comprometan con la reparación a las víctimas y la búsqueda de la verdad. Lamentablemente, ni Guzmán ni la dirección senderista, así como tampoco Fujimori ni los altos mandos militares que participaron del conflicto, han ido por ese camino. 

Este diálogo por la paz debe superar el “derechohumanismo” selectivo de quienes prestan atención solo a unos casos de violación de derechos humanos (el de las llamadas “víctimas inocentes”) y voltean la mirada ante otros, como la matanza en los penales, la masacre de Molinos, el asesinato de Luis Miguel Pasache, Sócrates Porta y Rafael Salgado Castilla, y las ejecuciones extrajudiciales durante la retoma de la residencia del embajador japonés en Lima.

Los detractores del congresista Tucto pueden condenar sus declaraciones, pueden enviarlo a la comisión de ética del Congreso y la bancada de la que es parte puede incluso separarlo de sus filas; puede esperarse que sus declaraciones queden como una noticia más, pero lo cierto es que las heridas dejadas por el conflicto armado interno están lejos de curarse. Desde el Estado se insiste en una política de persecución y ensañamiento animada no por el deseo de lograr justicia ni de reparar a las víctimas, sino por el odio y la venganza de quienes tienen el poder. Muestra de ello es que mientras que el fujimorismo y demás partidos de derecha han pretendido bloquear diversas investigaciones por casos de violación de derechos humanos cometidos durante el conflicto interno, y mientras Kuczynski negoció el indulto a Alberto Fujimori para salvarse de la vacancia, los condenados y condenadas por terrorismo están recluidos en condiciones inhumanas (Base Naval del Callao), sin poder acogerse a beneficios penitenciarios (eliminados en el año 2009), sujetos a nuevos procesos que les son abiertos a fin de tenerlos tras las rejas luego de cumplidas sus penas y, una vez en libertad, sufren una persecución extendida y una serie de restricciones que reducen al mínimo sus posibilidades de “reinserción social”.

La reconciliación no se alcanza sin justicia, pero la justicia no se logra avasallando la dignidad y los derechos de los vencidos. Su dignidad y sus derechos también deben ser respetados y sus voces también deben ser oídas.